Entre la Ley y la Política: El Caso Maru Campos ante la FGR

El pasado 23 de mayo, agentes de la Fiscalía General de la República entregaron en persona un citatorio a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para comparecer el 27 de mayo en relación con la presunta colaboración irregular de su gobierno con agentes estadounidenses —presuntamente vinculados a la CIA— que operaron en territorio chihuahuense. Lo que en apariencia es un acto jurídico ordinario, en la práctica ha encendido uno de los debates más explosivos entre legalidad, soberanía y poder político en México.

Lo que dice la ley

El punto más contundente levantado por la defensa de Campos es el del fuero constitucional. Su abogado, Roberto Gil Zuarth, señaló que la FGR habría iniciado un procedimiento penal sin que previamente se haya desaforado a la gobernadora, lo cual exige una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Congreso local. Este argumento no es menor: si se acredita que se abrió una carpeta de investigación sin ese paso, la actuación de la FGR sería procesalmente irregular, y por ello la defensa anunció que presentará una denuncia penal con fundamento en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación aclaró que el citatorio se haría en calidad de testigo, no de imputada. Aquí radica una distinción fundamental que con frecuencia se pierde en el debate político: citar a alguien como testigo no requiere desafuero previo. Si la FGR efectivamente la cita solo como testigo del operativo con los agentes extranjeros, el argumento del fuero pierde peso legal, aunque siga siendo políticamente rentable.

La acusación de fondo: ¿traición a la patria?

La causa que motivó el citatorio es seria en términos constitucionales. Analistas y juristas señalan que al permitir la entrada de agentes extranjeros armados a operar en suelo mexicano sin autorización del Ejecutivo federal, Campos habría invadido atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente a la presidenta de la República en materia de política exterior y seguridad nacional. Desde el punto de vista penal, voces expertas indican que los hechos podrían encuadrar en el delito de traición a la patria, sancionado con penas de entre 5 y 40 años de prisión según el Código Penal Federal, además de posibles responsabilidades administrativas por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Federal de Armas de Fuego. Esto no es un señalamiento menor ni puede descartarse como simple invención política.

El argumento del "doble rasero"

Maru Campos no se quedó callada. Señaló que la FGR aplica un trato desigual al citarla a ella mientras que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —también citado por presuntos nexos con el narcotráfico—, se le da un trato diferenciado. La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, respondió que "no es lo mismo" porque lo que hizo Campos constituye traición a la patria. Aquí el debate se politiza inevitablemente: ambas comparecencias son legítimas en principio, pero la percepción pública de selectividad en la aplicación de la ley es un daño institucional real, independientemente de quién tenga razón.

El contexto político que no debe ignorarse

Sería ingenuo analizar este caso en el vacío. Chihuahua es un bastión del PAN, Maru Campos es una de las figuras de oposición más visibles del país, y la FGR —aunque formalmente autónoma— opera bajo un gobierno federal de Morena. Que la propia presidenta Claudia Sheinbaum haya declarado que los citatorios "no tienen nada de política" no disipa la desconfianza: en México, decir que algo no es político suele ser, en sí mismo, un acto político. El historial de Campos tampoco es prístino: en 2021 fue vinculada a proceso por cohecho pasivo dentro del caso de la "nómina secreta" de César Duarte, con pruebas que un juez consideró suficientes para acreditar probable responsabilidad. Ignorar ese antecedente sería parcial; absolutizarlo para justificar cualquier actuación futura también lo sería.

Lo que puede ocurrir

Legalmente, los escenarios posibles son:

• Si la comparecencia es solo como testigo: Campos declara, la FGR recaba información y el caso puede no avanzar penalmente contra ella de manera directa, al menos en lo inmediato.

• Si la FGR busca imputarla formalmente: Deberá solicitarse el desafuero ante la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría. Ese proceso sería largo, visible y altamente politizado.

• Si prospera la denuncia de la defensa: Se abriría un litigio paralelo que enredaría aún más el proceso y lo trasladaría al terreno de los tribunales federales.

Políticamente, cualquier ruta que tome este caso tendrá consecuencias: si Campos sale sin cargos, se fortalece como figura opositora y mártir de la "persecución". Si es imputada formalmente, se abre un precedente que marcará la relación entre el gobierno federal y los estados gobernados por la oposición durante el resto de este sexenio.

Este caso no es solo el de una gobernadora ante una fiscalía. Es el espejo de un sistema institucional en el que la línea entre la aplicación de la ley y su uso como instrumento político se ha vuelto peligrosamente delgada. La ciudadanía —y especialmente los chihuahuenses— tiene derecho a exigir que ambas partes, tanto la FGR como Maru Campos, actúen con total transparencia. Porque si las instituciones sirven a quien las controla en lugar de servir a la Constitución, todos perdemos, independientemente del partido que gane.