Martin Contreras
Mexicali, Baja California, 24 de marzo de 2026 — El exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal este martes por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, todo ello relacionado con la polémica contratación de la empresa Next Energy durante su administración estatal.
La resolución fue dictada por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, al término de una audiencia inicial que se extendió por casi 23 horas, en la que la defensa de Bonilla presentó cinco líneas argumentativas para contrarrestar los señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin lograr revertir la decisión.
El exmandatario —quien gobernó Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021, fue senador por el Partido del Trabajo entre 2021 y 2024, y actualmente funge como dirigente estatal del PT en la entidad— enfrentará el proceso penal en calidad de coautor con dolo.
La causa se origina en el contrato que la administración de Bonilla firmó con Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en Baja California. Dicho convenio comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que representaba una carga financiera de más de 30 mil millones de pesos para el erario estatal.
La Fiscalía señala que Bonilla presuntamente utilizó sus atribuciones constitucionales como gobernador para estructurar y posibilitar la contratación, a pesar de que la materia energética es competencia exclusiva del gobierno federal. El contrato además nunca se concretó porque no se obtuvieron los permisos necesarios para la obra.
El caso Next Energy tiene múltiples frentes. En julio de 2025, la FGE detuvo a Nabor Medina Garza, ejecutivo de Banco Afirme, bajo cargos de abuso por retención indebida de más de 123 millones de pesos del erario. A finales de ese mismo año, fue capturado en Aguascalientes Eugenio Javier "N", propietario de Next Energy, acusado de fraude y soborno en un caso con modus operandi similar al de Baja California.
El consejero jurídico del estado, Juan José Pon, reveló que 13 personas en total están presuntamente implicadas en los hechos relacionados con Baja California. Además, en diciembre de 2025, Bonilla ya había sido inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos por el procedimiento administrativo derivado del mismo contrato.
Fue la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien en 2022 canceló el contrato con Next Energy, calificándolo de inviable tanto financiera como operativamente, y quien posteriormente presentó las denuncias penales correspondientes contra Bonilla y otros exfuncionarios por el daño al erario público estimado en 12 mil millones de pesos. El exgobernador también fue multado con 100 mil pesos en la resolución judicial.
