Martin Contreras
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2026. — La oposición mexicana escaló su ofensiva política contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tanto Movimiento Ciudadano (MC) como el PRI presentaron exigencias formales para remover al mandatario de su cargo y someterlo a la justicia.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, junto con el diputado Gibrán Ramírez Reyes, presentó ante la Cámara de Diputados una demanda formal para iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador Rocha Moya. La solicitud también abarca al senador Enrique Inzunza Cázares y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros nueve funcionarios de Sinaloa señalados por las autoridades estadounidenses.
"Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero", declaró Máynez a través de redes sociales.
Por su parte, la dirigencia del PRI en Sinaloa, encabezada por Liliana Cárdenas Valenzuela, exigió la renuncia inmediata del gobernador Rocha Moya, del alcalde de Culiacán y del senador Inzunza. La priista recordó que desde el proceso electoral de 2021 su partido ya había advertido sobre los presuntos vínculos del mandatario con el crimen organizado. A nivel nacional, el dirigente del PRI, 'Alito' Moreno, fue más lejos y demandó que se retire el registro a Morena, calificándola de "narcopartido".
A pesar de las presiones, el proceso enfrenta obstáculos dentro del propio sistema político. Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados cuestionaron si el proceso realmente le corresponde a ese órgano federal, señalando que debería ser la Fiscalía General de la República (FGR) o el Congreso local de Sinaloa quien lo inicie. El Congreso estatal, por su parte, descartó abrir cualquier proceso contra Rocha Moya de forma inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó esa postura al señalar que, sin pruebas sólidas, el asunto es de naturaleza política.
El gobernador Rubén Rocha Moya descartó pedir licencia o separarse de su cargo y anunció que enfrentará las acusaciones de Estados Unidos "sin temor". Analistas señalan que antes de cualquier extradición sería obligatorio agotar el proceso de desafuero en México, ya que el gobernador goza de inmunidad constitucional mientras ocupe el cargo.
