Martin Contreras
La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró este miércoles que Estados Unidos sigue sin entregar las "pruebas concretas" que sustenten la solicitud de detención urgente contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentada desde abril pasado. David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, señaló que no se ha cumplido con "el parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano" y que la dependencia continúa recabando "datos de prueba" tras los señalamientos de Washington.
Desde abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había advertido que la documentación enviada por la Embajada de Estados Unidos "no cuenta con elementos de prueba" para determinar responsabilidad penal de Rocha Moya ni de los otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa y "Los Chapitos". La cancillería incluso se quejó de que EU divulgara públicamente nombres y detalles, violando la confidencialidad del Tratado de Extradición bilateral. Rocha Moya ha comparecido en más de una ocasión ante la FGR como testigo, insistiendo en su inocencia y en que "demostrará con toda contundencia" que las acusaciones "carecen de veracidad y fundamento".
Mientras el gobierno mexicano exige "pruebas" a EU para actuar contra Rocha Moya, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reclamado durante casi dos años que Washington nunca notificó ni explicó la operación que resultó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024, ocurrida en territorio mexicano. Sheinbaum ha solicitado al menos en seis ocasiones al gobierno de Donald Trump un informe detallado sobre ese operativo, sin obtener respuesta satisfactoria.
La controversia se intensificó esta semana luego de que el exembajador Ken Salazar negara ante el periodista Jorge Ramos que EU supiera de la operación, mientras Sheinbaum sostiene que "se le mintió a México" porque el propio FBI expuso el avión usado en el traslado de Zambada y se atribuyó públicamente la detención. La mandataria subrayó que el problema no es la captura en sí, sino que nunca se compartió información con México sobre un operativo que pudo haber violado la soberanía nacional. La FGR ya solicitó formalmente al FBI que entregue información sobre su presunta participación directa en el caso.
Ambos episodios exponen la misma tensión diplomática: México reclama transparencia y pruebas a Washington, pero enfrenta críticas por aplicar ese mismo estándar de manera selectiva según el caso.
