Martin Contreras
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y será la encargada de definir si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en México por hechos o delitos distintos a los que motivaron su entrega.
El Pleno de la Corte decidió, sin discusión y por mayoría de votos, atraer el amparo en revisión luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito solicitara su intervención ante la trascendencia del asunto.
El litigio gira en torno al principio de especialidad contenido en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esta norma impide que una persona extraditada sea procesada por delitos diferentes a los que originaron su entrega, salvo que el país que la entregó —en este caso, Estados Unidos— otorgue su consentimiento expreso para ampliar los cargos.
El punto central que analizará la Corte es que, según la defensa de Duarte, el exgobernador no gozó del derecho de audiencia dentro del procedimiento diplomático antes de que las autoridades estadounidenses autorizaran abrir un nuevo proceso penal en su contra. La defensa se apoya en el criterio establecido en el Amparo en Revisión 536/2019, donde la propia Corte fijó que la persona extraditada "no podrá ser detenida, enjuiciada o sancionada por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición".
Duarte enfrenta desde diciembre de 2025 un proceso federal por presunto lavado de dinero por 73.9 millones de pesos, delito que su defensa argumenta no formaba parte de la solicitud original de extradición enviada a Washington. Una jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez lo vinculó a proceso por uso de recursos de procedencia ilícita y confirmó que permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en el Estado de México.
En agosto de 2023, el exmilitante priista ya había promovido un juicio de amparo contra el procedimiento mediante el cual México solicitó su extradición a Estados Unidos, amparo que ahora forma parte del expediente que atrajo la Corte.
La resolución de la SCJN sentará un precedente relevante sobre los límites de las autoridades mexicanas para ampliar acusaciones contra personas extraditadas, con implicaciones que trascienden el caso Duarte para todo el sistema de extradición bilateral.
