Martin Contreras
Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió el 11 de agosto del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, luego de permanecer casi tres meses en prisión preventiva, según registros del Buró Federal de Prisiones citados por medios estadounidenses y mexicanos.
El exfuncionario se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo, tras comparecer ante un juez en Tucson, Arizona, y ser trasladado después a Nueva York. Ahí enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, dentro de una acusación formal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo señala, junto a otros nueve exfuncionarios sinaloenses, de coludirse con la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el expediente judicial, Mérida —quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya— habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas de la facción, evitar detenciones de sus miembros y filtrarles información anticipada sobre al menos diez redadas a laboratorios clandestinos.
Aunque salió del penal de Brooklyn, fuentes judiciales advierten que esto no significa que el exgeneral esté en libertad plena: podría encontrarse bajo custodia estadounidense en un domicilio protegido, en un esquema similar al que siguieron Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López cuando iniciaron procesos de cooperación con la justicia de EU.
Su salida se produce en medio de negociaciones entre su defensa y la fiscalía federal, lo que alimenta versiones sobre un posible acuerdo para convertirse en testigo cooperante. Mérida se había declarado no culpable de los cargos en una audiencia previa, pero analistas señalan que podría aportar información sobre la red política y criminal que vinculaba a funcionarios sinaloenses con el Cártel de Sinaloa, incluidas presuntas operaciones de intimidación electoral en favor del grupo criminal.
