Juez Federal reconoce a Hacienda de Chihuahua como víctima directa del desvío de 98.6 millones de pesos

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) informó que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado emitió, desde el pasado 14 de agosto, sentencia definitiva dentro del Juicio de Amparo Indirecto 547/2026-I-1, mediante la cual se reconoce al Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como víctima directa del delito de Peculado Agravado por la desviación y disposición ilegal e irregular de 98.6 millones de pesos.

De acuerdo con el fallo, la dependencia estatal resintió una afectación patrimonial real, pues aunque los recursos desviados —atribuidos al exgobernador Javier Corral Jurado— tienen origen federal, el daño patrimonial lo sufrió directamente el Estado de Chihuahua, ya que ese dinero ya formaba parte de su patrimonio como participaciones federales sobre las que la entidad tiene libre administración hacendaria.

La FACH acusó que el Juez Federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez —a quien calificó de estar "cooptado" por uno de los imputados que goza de inmunidad constitucional y que además preside la Comisión de Justicia del Senado de la República— resolvió el pasado 24 de agosto asumir competencia del caso de manera ilegal, despojando a la Secretaría de Hacienda de su carácter de víctima, pese a haber sido notificado previamente de la suspensión definitiva otorgada al Estado de Chihuahua.

Por esta actuación, la Fiscalía sostiene que el juzgador se ubicó en el supuesto delictivo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y recordó que ya había sido denunciado ante el Tribunal Federal de Disciplina Judicial por hechos similares relacionados con la violación a dicha suspensión.

La Fiscalía Anticorrupción denunció además un hostigamiento sistemático con uso de tráfico de influencias por parte de algunos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y del propio Juez Alcoverde, a quienes acusó de actuar en colusión con uno de los imputados para intimidar la actuación del órgano estatal mediante requerimientos y resoluciones fuera del marco legal, con el objetivo de garantizar impunidad.

El organismo también señaló que el conflicto competencial resuelto por el Tribunal Colegiado —que confundió las participaciones federales con aportaciones del sistema de recaudación y fiscalización del país— solo aplicó a uno de los imputados, identificado como J.C.J., por lo que ese conflicto ya quedó cerrado en ese punto.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reiteró que no se dejará intimidar y que continuará defendiendo, ante las últimas instancias legales, los recursos que pertenecen a los chihuahuenses y que, según su acusación, fueron desviados y dispuestos de manera indebida durante la administración de Javier Corral Jurado, actualmente senador de Morena.

El caso, que se remonta a hechos ocurridos entre 2019 y 2020 relacionados con un contrato simulado para la reestructura de la deuda pública estatal, ha derivado en una disputa legal prolongada entre la fiscalía estatal y autoridades federales sobre qué instancia debe conservar la competencia de la investigación.