Detienen a juez penal de Parral por prevaricación agravada; caso ligado al homicidio de maestra Edna Marilin

Chihuahua, Chih.— La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó esta tarde una orden de aprehensión en contra de Manuel Jurado Torres, juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, quien permanecía suspendido desde hace aproximadamente tres meses por el Tribunal de Disciplina Judicial.

La detención ocurrió en pleno Centro de la ciudad de Chihuahua, en el cruce de las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza, donde agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción interceptaron al juzgador para cumplimentar el mandato judicial, girado por una autoridad de segunda instancia.

El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, calificó el hecho como "un hito en la vida institucional" de Chihuahua, al tratarse de la primera vez que un juzgador penal es conducido ante los tribunales para responder por presuntos actos cometidos en el ejercicio de su función.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos están vinculados al proceso derivado del homicidio de la maestra Edna Marilin Chávez Loya. Una jueza ya había determinado la vinculación a proceso del imputado y le había impuesto prisión preventiva justificada. Posteriormente, el abogado defensor solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares sin que se tratara de un asunto urgente, durante el periodo vacacional del Poder Judicial.

La Fiscalía sostiene que fue ahí cuando Jurado Torres modificó la determinación previa y otorgó una ventaja procesal indebida a la defensa, además de cuestionar directamente los argumentos de su homóloga, asumiendo funciones que corresponden únicamente a un tribunal de segunda instancia. Según el Ministerio Público, esto contravino el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige variación objetiva de las condiciones para modificar una medida cautelar.

La investigación también reveló una relación de amistad entre el juez y el abogado defensor beneficiado, dato que la Fiscalía dice sostener con pruebas para el juicio.

El delito imputado es prevaricación agravada, tipificado como un hecho de corrupción que sanciona a servidores públicos que dictan resoluciones contrarias a la ley, basadas en hechos falsos, o de manera consciente injusta e ilegal para dar ventaja indebida a una parte. La pena contempla de dos a seis años de prisión.

Valenzuela Holguín precisó que ésta no es la única denuncia contra el juzgador: acumula al menos cuatro querellas por presuntas irregularidades similares. El funcionario adelantó que la Fiscalía mantiene actualmente 11 carpetas de investigación contra jueces y al menos dos contra magistrados, y no descartó acudir próximamente al Congreso del Estado para solicitar el desafuero de otros servidores judiciales.

Sobre la polémica de la inmunidad constitucional, el fiscal fue enfático: "el fuero no tiene capacidad de bilocación". Al estar suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial, y haber sido sustituido por otro juzgador que sí ostenta el fuero, la Fiscalía sostiene que Jurado Torres no contaba con protección constitucional, postura que —según Valenzuela— fue convalidada por el propio órgano jurisdiccional de segunda instancia que emitió la orden de captura.

El detenido permanece en instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción y será trasladado al Centro de Readaptación Social (CERESO), donde se espera que la audiencia de formulación de imputación se realice este viernes por la mañana ante un juez de control.

Valenzuela Holguín señaló que la institución también evalúa acciones legales contra el abogado defensor: "vamos a ir contra todos", advirtió, y llamó a que las audiencias del caso sean públicas para que la ciudadanía pueda seguir el proceso y formar su propio criterio.