Martin Contreras
El cierre temporal del espacio aéreo alrededor de El Paso, Texas, no solo dejó vuelos detenidos y miles de pasajeros varados, sino que también destapó una disputa interna entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA) por el uso de tecnología militar antidrones en una zona con tráfico aéreo comercial intenso. De acuerdo con fuentes citadas por CNN y otros medios estadounidenses, la restricción se habría originado en los planes del Departamento de Defensa para operar un láser de alta energía diseñado para derribar drones presuntamente utilizados por cárteles de la droga en la frontera con México.
La FAA emitió una prohibición temporal de vuelos de hasta 10 días que afectaba al Aeropuerto Internacional de El Paso y a parte del sur de Nuevo México, bajo el argumento de “razones especiales de seguridad”, lo que en la práctica supuso la suspensión de operaciones comerciales, de carga y de aviación general. Sin embargo, versiones posteriores apuntan que la agencia actuó después de que el Pentágono no pudiera garantizar la seguridad de las aeronaves civiles mientras se realizaban pruebas con drones y sistemas de contramedidas láser desde instalaciones militares cercanas, como Fort Bliss.
Reportes citados por medios como Associated Press y CBS indican que el cierre estaría vinculado a ejercicios para probar un láser antidrones de alta energía, planeados por el Pentágono para perfeccionar la defensa contra aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones criminales mexicanas. Esta línea de información matiza la versión inicial del secretario de Transporte, Sean Duffy, quien atribuyó públicamente la medida a una incursión de drones de un cártel mexicano que habrían sido neutralizados por fuerzas estadounidenses.
La falta de coordinación previa generó molestia entre autoridades locales y operadores civiles, que se enteraron del cierre prácticamente al mismo tiempo que el público. El alcalde de El Paso calificó el episodio como una “interrupción mayor e innecesaria”, al señalar que decisiones de este tipo, tomadas sin aviso ni canales claros de comunicación, ponen en riesgo a la población y alimentan la confusión. Mientras los vuelos ya fueron reanudados y la FAA ajustó la restricción inicial, el incidente dejó al descubierto tensiones entre el mando militar y el regulador civil, así como los desafíos de probar armamento de alta tecnología en un espacio aéreo compartido con la aviación comercial.
Analistas advierten que el uso de láseres y otras armas de energía dirigida para derribar drones marca una nueva etapa en la militarización de la frontera, pero también obliga a replantear protocolos de seguridad y comunicación para evitar nuevos cierres sorpresivos de aeropuertos estratégicos como El Paso. El caso se ha convertido ya en un ejemplo de los riesgos que implica introducir sistemas antidrones avanzados en entornos donde confluyen intereses militares, civiles y económicos, con impacto directo en la vida diaria de las comunidades fronterizas de Estados Unidos y México.
