Martin Contreras
La empresa estatal de defensa Ruag vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora por un presunto fraude millonario ligado a operaciones de mantenimiento de aviones de combate F‑5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Recheras de SonntagsBlick revelan que, para sus negocios en México, Ruag utilizó a un socio externo que actuaba como importador oficial y tenía control sobre datos sensibles como el valor de las mercancías, la documentación aduanera y la facturación del IVA.
De acuerdo con la publicación, en cada exportación hacia México se habría aplicado un IVA calculado no sobre montos reales, sino sobre valores artificialmente inflados de las piezas y servicios, lo que habría generado un daño estimado en millones para el consorcio suizo. La maniobra consistía en valorar los repuestos y trabajos de mantenimiento a precios elevados en el papel, de modo que se dispararan los impuestos y se construyera así una ventaja fiscal, mientras el intermediario cobraba jugosas comisiones.
Para justificar las cifras abultadas, se emitieron facturas por servicios como traducciones con muchas horas cargadas, asesorías jurídicas a nombre de la esposa del socio mexicano y honorarios como importador calculados como porcentaje del valor declarado de la mercancía. En algunos casos se habría aplicado un porcentaje alto incluso donde no correspondía pagar impuestos o el gravamen era reducido, lo que refuerza las sospechas de una estructura diseñada para desviar recursos a través del intermediario.
El caso México pone de nuevo bajo la lupa los problemas estructurales de Ruag, ya cuestionada por negocios opacos en el área de tanques y refacciones que provocaron pérdidas de decenas de millones de francos suizos. La investigación periodística señala que la propia logística de la estatal suiza no tenía control real de su cadena de suministro: fue el socio externo quien decidió cómo importar, qué documentos usar y quién figuraría como importador, sin que hubiera una supervisión eficaz desde la matriz.
Ante el escándalo, Ruag se ha limitado a señalar que no comenta relaciones comerciales específicas, pero confirma que la operación está siendo revisada mediante una investigación forense encargada a la firma de abogados Niederer Kraft Frey y que ya no colabora con el socio mexicano implicado. La empresa también recuerda que esa indagatoria aún no concluye, mientras sobre ella pesan críticas políticas por una “cultura sistemática de fraude” y exigencias de que se aclaren responsabilidades y se recuperen los daños sufridos por el erario suizo.
