Rechaza PRIAN petición de Palma Ontiveros de crear Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia

Chihuahua, Chih: 26 de marzo del 2025.- La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de morena y mujer indígena rarámuri, alzó la voz y presentó una exigencia que trasciende lo jurídico: garantizar un acceso pleno, digno y culturalmente pertinente a la justicia para las comunidades indígenas. Esto durante la discusión del dictamen relativo a reformas a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cuando Palma Ontiveros presentó una reserva que no solo corrige el rumbo técnico de la propuesta, sino que reivindica el sentido original de una lucha histórica respaldada por la consulta indígena, el mandato judicial y la propia experiencia comunitaria.

 
Y es que mientras el dictamen plantea que tribunales civiles, familiares o penales —sin especialización— validen las resoluciones de autoridades indígenas, la legisladora propone restituir el espíritu de la iniciativa original: la creación de una Sala de Justicia Indígena dentro del Tribunal Superior de Justicia. No se trata de un matiz menor. Como ha señalado Palma Ontiveros, quien además fue gobernadora indígena, la diferencia entre una justicia ordinaria y una especializada radica en la comprensión profunda de la cosmovisión, la lengua y los sistemas normativos propios de los pueblos originarios. Pretender que cualquier órgano jurisdiccional conozca estos asuntos sin ese enfoque intercultural es, en los hechos, limitar el acceso real a la justicia.
 
La reserva presentada tiene sustento sólido. Por un lado, responde al amparo 444/2024, que obliga al Congreso a generar mecanismos efectivos de protección a los derechos indígenas. Por otro, retoma la iniciativa 509, cuyo planteamiento original sí contemplaba la creación de salas especializadas. Pero, sobre todo, se apoya en un elemento irrefutable: la voz de los pueblos. En el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada de 2025, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas del estado respondieron de manera contundente a la pregunta sobre la creación de juzgados especializados: un “sí” unánime, sin ambigüedades. Ignorar ese mandato sería, en términos democráticos, un retroceso.
 
La diputada no rechaza el dictamen en lo general. Su postura es más compleja y, a la vez, más responsable: avanzar, pero hacerlo bien. Evitar lo que ella misma ha llamado “legislar con medianías”. Su propuesta concreta incluye adicionar una fracción al artículo 141 para facultar la creación de la Sala de Justicia Indígena, así como incorporar los artículos 196 BIS y 196 TER para definir sus atribuciones y estructura bajo un enfoque intercultural.
 
El planteamiento no es aislado. Estados como Oaxaca y el Estado de México ya han dado pasos en esa dirección, reconociendo que la pluralidad jurídica no es una concesión, sino una obligación constitucional e internacional.
 
La intervención de Edith Palma Ontiveros no solo evidencia una falla técnica en el dictamen, sino que pone sobre la mesa una discusión de fondo: ¿se legisla para cumplir el trámite o para transformar realidades? En materia indígena, la respuesta no admite simulaciones.
 
Hoy, desde la tribuna, una voz rarámuri recuerda al Congreso que la justicia no puede ser ajena a quienes históricamente han sido excluidos de ella. Y que cuando los pueblos hablan —como ya lo hicieron en la consulta—, lo mínimo que se espera es que se les escuche. Lamentablemente de nuevo se ignora las voces de los pueblos originarios, de los sujetos de derecho y se votó en contra de la reserva de la diputada, por parte de los diputados y diputadas del PAN, PRI, MC, Verde y PT.