Por deuda de 118 millones al SAT por retención de ISR no reportado, piden auditoria al Ayuntamiento de Juárez

El Congreso del Estado por mayoría de votos solicitó a la Auditoría Superior y a la Fiscalía Anticorrupción, ambas del Estado de Chihuahua, que inicien las investigaciones conducentes para determinar si los hechos relacionados con la no retención y/o no entero del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez constituyen infracciones administrativas o delitos, y en su caso, se finquen las responsabilidades que en derecho procedan.

Lo anterior, luego de aprobar el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Xóchitl Contreras Herrera (PAN), quien señaló que el Municipio de Ciudad Juárez enfrenta hoy una deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria por concepto del Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que no fue enterado en tiempo y forma a la autoridad hacendaria federal.

“Según información difundida por el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, dicho adeudo asciende a aproximadamente 118 millones de pesos” dijo.

Además, resaltó que el ISR retenido no es dinero del gobierno municipal. Es dinero de los trabajadores que el Municipio administra de forma temporal y que tiene la obligación legal de enterar al fisco federal en los plazos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. El incumplimiento de esta obligación sea por acción o por omisión, no es un asunto menor.

En ese sentido, se solicitó se incluya una auditoría y/o revisión de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, respecto de los cuales el propio Presidente Municipal ha reconocido públicamente la existencia de omisiones en el entero del ISR, así como de los ejercicios fiscales posteriores al 2021 sobre los que el Municipio no ha proporcionado información pública a la fecha y, una vez hecho lo anterior, informe a esta soberanía los resultados. Asimismo, en caso de que de su revisión advierta la existencia de ilegalidades u omisiones, denuncie ante las autoridades correspondientes.

Por último, declaró que no es tarea del Congreso determinar de manera definitiva quién delinquió ni en qué medida; esa atribución corresponde en exclusiva a las instancias de fiscalización y procuración de justicia. Sin embargo, sí es obligación de este Congreso actuar como voz de la ciudadanía y exigir que los órganos competentes ejerzan sus facultades investigadoras de manera pronta, objetiva e imparcial.