Martin Contreras
Nueva York / Culiacán, 29 de abril de 2026.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos sacudió este miércoles a México al anunciar una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre ellas el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez— por presuntos delitos de tráfico de drogas, conspiración para importar narcóticos y posesión ilegal de ametralladoras y artefactos explosivos, todo vinculado al Cártel de Sinaloa.
Fue el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto al director de la DEA, Terrance C. Cole, quienes anunciaron públicamente la apertura del expediente. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla y fue refrendado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó: "Es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen".
Los delitos imputados a Rocha Moya, Inzunza Cázarez y el resto de los acusados son:
Conspiración para la importación de narcóticos a territorio estadounidense en grandes cantidades
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
Conspiración para poseer dichas armas
Recepción de sobornos y apoyo político a cambio de protección institucional al Cártel de Sinaloa
Las penas establecidas son sumamente severas: los delitos tienen una pena mínima de 40 años de prisión, y la Fiscalía de Nueva York podría solicitar cadena perpetua.
De acuerdo con las investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia, Rubén Rocha Moya habría acudido personalmente a diversas reuniones con Los Chapitos —facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— y les habría prometido protección desde su cargo como gobernador. Los acusados habrían puesto al servicio del Cártel de Sinaloa estructuras del gobierno estatal y corporaciones de seguridad pública para filtrar operativos, blindar rutas de trasiego y garantizar impunidad a la organización criminal.
El Departamento de Justicia precisó en su comunicado que "los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa", y que se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, quien también se desempeñó como exsecretario general del gobierno de Sinaloa, enfrenta exactamente los mismos cargos y penas que el gobernador Rocha Moya. Su inclusión en el expediente refuerza la tesis de Washington de que la red de protección al Cártel de Sinaloa estuvo operada desde los más altos niveles políticos e institucionales del estado. El fiscal Jay Clayton señaló que los cárteles mexicanos no podrían operar "tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades" que los respalden.
Fue el propio embajador Ronald Johnson quien, desde la Ciudad de México, confirmó la presentación de los cargos y subrayó que la acción forma parte de una ofensiva mayor contra la llamada "narcopolítica" en México. La acusación se inscribe en el contexto de la presión que Washington mantiene sobre el flujo de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína que cruzan la frontera provenientes de Sinaloa, y que ha costado decenas de miles de vidas en Estados Unidos.
Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno de Sinaloa ni las autoridades federales mexicanas habían emitido una respuesta oficial sobre la acusación, ni se había informado de una solicitud formal de extradición. El expediente abre, sin embargo, una crisis política sin precedente: es la primera vez en la historia reciente que un gobernador en activo de México es acusado formalmente ante una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico. Los analistas anticipan que el caso generará una presión enorme sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para definir su postura en materia de extradiciones y cooperación bilateral en seguridad.
