Martin Contreras
Ciudad de México / Culiacán, Sinaloa. 29 de abril de 2026. En lo que representa el mayor golpe político-judicial de EU contra México en años recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la apertura de una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, encabezados por el propio gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
La acusación fue presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el director de la DEA, Terrance C. Cole, quienes señalaron que los imputados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Estas son las 10 personas acusadas formalmente por el gobierno estadounidense:
Los tres delitos imputados a todos los acusados son:
Conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos
Posesión ilegal de ametralladoras y artefactos explosivos
Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
Las penas mínimas establecidas para estos delitos son de 40 años de prisión, y la fiscalía podría solicitar cadena perpetua. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La fiscalía estadounidense sostiene que el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura en 2021 fue impulsado directamente por el Cártel de Sinaloa mediante una campaña de intimidación y secuestro de rivales políticos previo a las elecciones.
Una vez en el poder, Rocha Moya presuntamente mantuvo reuniones con líderes de "Los Chapitos" —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— garantizándoles impunidad operativa en el estado a cambio de apoyo financiero y político continuo.
Un dato que no pasó inadvertido: apenas el martes 28 de abril, un día antes de hacerse públicas las acusaciones, el senador Enrique Inzunza Cázarez participó en el debate del Senado exigiendo sanciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal César Jáuregui, acusándolos de vulnerar la Constitución.
Horas después, era él quien enfrentaba acusaciones de narcotráfico por parte del gobierno de Donald Trump. Este miércoles firmó su asistencia en la sesión del Senado pero no fue visto físicamente en el recinto desde las 10:00 horas de la mañana.
La acusación representa un caso sin precedentes en la relación México-Estados Unidos: nunca antes un gobernador en funciones de un estado mexicano había sido acusado formalmente por tribunales estadounidenses de colaborar directamente con el narcotráfico.
El Departamento de Justicia subrayó que "todos son o fueron altos funcionarios de gobierno o de corporaciones de seguridad" en Sinaloa, y que "todos presuntamente han colaborado con el Cártel de Sinaloa". Al cierre de esta edición, ni la bancada de Morena en el Senado ni el gobierno del estado de Sinaloa habían emitido una postura oficial.
Desde un senador de Morena hasta el alcalde de Culiacán, el Distrito Sur de Nueva York revela una red de complicidad entre servidores públicos y el Cártel de Sinaloa.
Ciudad de México / Culiacán, 29 de abril de 2026. La acusación del gobierno de Estados Unidos no se detuvo en el gobernador Rubén Rocha Moya. Junto a él, otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses fueron imputados formalmente por el fiscal Jay Clayton por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Estos son sus perfiles:
El único legislador federal en la lista. Exsecretario General del gobierno de Sinaloa, es actualmente presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado. Pasó lista este miércoles pero desapareció del recinto desde las 10:00 horas.
Fue titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. Se le acusa de haber facilitado el flujo de recursos públicos en beneficio del cártel.
Actualmente en funciones como Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Su acusación implica directamente al sistema de procuración de justicia estatal.
Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa. EU lo señala como operador dentro de las corporaciones de seguridad para proteger al cártel.
También exjefe de la Policía de Investigación de la FGE. Operó bajo el mismo esquema de impunidad que su antecesor en el cargo.
Encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Su inclusión en la lista confirma que la protección al cártel llegó al más alto nivel de las fuerzas de seguridad estatales.
Ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa. Su apodo "Tornado" figura explícitamente en la acusación presentada en Nueva York.
El único alcalde en activo de la lista. Titular del municipio capital de Sinaloa, Culiacán, es acusado de facilitar la operación del Cártel de Sinaloa desde el poder municipal.
Ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Su apodo "Juanito" también aparece en los documentos formales de la fiscalía estadounidense.
Lo que tienen en común: todos enfrentan tres cargos idénticos — conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para portar dichas armas —, con penas mínimas de 40 años y posibilidad de cadena perpetua.
