Martin Contreras
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este martes 5 de mayo de 2026 que el Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, presentó formalmente su solicitud de licencia sin goce de sueldo, horas después de que la propia institución señalara que aún seguía en funciones. La petición surtió efecto de inmediato, según el comunicado oficial de la dependencia.
El movimiento del funcionario se da en respuesta directa a los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos, específicamente la Fiscalía de Nueva York, que lo vincula presuntamente con la facción criminal conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según el expediente estadounidense, Castro Zaavedra recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales —equivalentes a unos 200 mil pesos— para evitar la detención de líderes del cártel y filtrar información sobre operativos de la DEA.
La cronología del caso revela una contradicción institucional notable. El lunes 4 de mayo, la Fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo declaró públicamente que Castro Zaavedra seguía ejerciendo sus funciones "en pleno ejercicio de sus atribuciones legales", aunque reconoció que se evaluaba su posible separación para no interferir en las investigaciones en curso. Apenas 24 horas después, el propio funcionario presentó su solicitud de licencia.
Castro Zaavedra no es el único funcionario señalado. La Fiscalía de Nueva York acusó formalmente a 9 funcionarios más de Sinaloa, entre ellos:
Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, también con licencia
Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal, señalado además por el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA en 2023
Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red de funcionarios permitió el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio norteamericano, usando incluso a fuerzas policiales para custodiar bodegas de droga y eliminar rivales del cártel.
La solicitud de licencia de Castro Zaavedra se fundamenta en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. La Fiscalía Sinaloa aclaró que la medida no implica ninguna resolución sobre su culpabilidad, toda vez que el funcionario cuenta con la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva investigaciones en curso que determinará el rumbo del caso en México.
