Martin Contreras
La titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, fue contundente en conferencia de prensa: "La fiscalía va a pedir la pena máxima en su oportunidad" y añadió: "Vamos a tener mano dura y todo el peso de la ley, sobre todo cuando se trata de representar a un pequeño indefenso como víctima".
La imputación no es un simple descuido. La FGE acusó formalmente a Roxana "N" por homicidio por comisión por omisión con dolo eventual, un cargo que implica que las autoridades consideran que la acusada tuvo conciencia del riesgo que representaba su conducta y aun así no actuó para evitarlo.
"Se advierte que la muerte de ese pequeño no es simplemente culposa o un descuido, sino hay un dolo eventual, hay una intención detrás", señaló la fiscalía. Roxana actualmente se encuentra recluida en el Cereso de Mexicali bajo medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el juez tras la audiencia inicial celebrada en la Sala 6 del edificio de Justicia Río Nuevo.
Los hechos ocurrieron el 2 de mayo, cuando Roxana regresó a su domicilio tras asistir a una reunión. Según su propio relato ante el juez: "Se me olvidó" — declaró que tenía intención de bañar al menor, pero presuntamente olvidó bajarlo del vehículo.
Sin embargo, lo que llamó la atención de las autoridades y del público fue que, mientras Vicente agonizaba dentro de la camioneta, Roxana continuó en la fiesta, consumía alcohol y publicaba en redes sociales, según reportes de medios. El niño, quien había cumplido 3 años apenas en marzo, permaneció encerrado mientras las temperaturas dentro del vehículo superaban los 45 grados Celsius, cuando afuera marcaban entre 25 y 35°C.
El director del Semefo de Mexicali, César González Vaca, detalló que el cuerpo de Vicente presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, producidas por el calor al que estuvo expuesto durante horas. El informe forense confirmó que la causa de muerte fue golpe de calor, sin huellas de violencia física directa, pero con un daño por exposición térmica prolongada que resultó fatal.
Para muchos ciudadanos, 15 años parece insuficiente ante la magnitud del sufrimiento de un niño tan pequeño. Y hay una razón jurídica para no cerrar esa puerta: la propia fiscal Andrade Ramírez confirmó que, si se formalizan pruebas adicionales, los cargos podrían agravarse y la pena escalar hasta 50 años de prisión, bajo la figura de homicidio agravado por razón de parentesco, contemplada en el Código Penal de Baja California.
Por su parte, la defensa de Roxana ya anunció que podría argumentar la existencia del "síndrome del niño olvidado", una condición psicológica que se invoca en casos similares para buscar atenuantes.
