Diputados de Chihuahua piden al Congreso de la Unión una consulta pública sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas

La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, por mayoría de votos, solicitaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el impulso de una consulta popular sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles; y al Poder Ejecutivo Federal, suspenda los efectos obligatorios, sancionatorios y restrictivos de dicho registro hasta en tanto se realice la consulta correspondiente.

El diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, iniciador del Punto de Acuerdo, dijo que el teléfono móvil dejó de ser un accesorio. Para millones de mexicanas y mexicanos es herramienta de trabajo, medio de contacto familiar, acceso a banca móvil, autenticación de cuentas digitales, comunicación escolar, atención médica, transporte, comercio, trámites públicos, servicios de emergencia y vida comunitaria. Suspender una línea telefónica no es apagar un aparato: es aislar a una persona del mundo contemporáneo.

Por otra lado, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet; por lo que dicho derecho no puede entenderse solo como una concesión del Estado, sino como una condición material para ejercer otros derechos: trabajo, educación, información, libertad de expresión, seguridad, comunicación privada y participación pública.

“El registro obligatorio de líneas móviles implica vincular identidad personal, CURP, datos de contratación, línea telefónica y potencialmente otros elementos de trazabilidad digital. Esa vinculación masiva, cuando se impone como condición para conservar activa una línea, debe analizarse bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, consentimiento informado, protección de datos personales, seguridad jurídica, finalidad, transparencia y control ciudadano”, declaró.

Además, el Estado tiene el deber de perseguir delitos con inteligencia, investigación, capacidades tecnológicas, coordinación institucional y órdenes legalmente emitidas; no mediante la amenaza de dejar sin comunicación a personas que trabajan, estudian, comercian, cuidan a sus familias o viven en zonas donde el teléfono es el único puente con servicios básicos.

Finalmente, aseveró que Chihuahua no puede permanecer en silencio cuando una medida nacional puede dejar incomunicadas a personas usuarias, condicionar el acceso a servicios móviles y consolidar una estructura de identificación digital sin suficiente debate ciudadano. Si la medida es tan necesaria, que se explique. Si es tan proporcional, que se justifique. Si es tan democrática, que se consulte.