Martin Contreras
Como resultado de una ardua labor de investigación de campo y gabinete, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto V. L., por el delito de fraude, cometido en perjuicio del municipio de Hidalgo del Parral.
Las indagatorias ministeriales que están dentro de la causa penal 155/2024, permitieron la localización del probable responsable en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se le cumplimentó el mandato judicial otorgado el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Hidalgo.
Los antecedentes refieren que los hechos se registraron el 06 de febrero del 2024, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral, cuando una empleada municipal adscrita al área de atención al público, recibió una llamada telefónica a través del conmutador oficial, proveniente del número 9642047577, de una persona que se identificó como empleado de la Contraloría del Estado y posteriormente en la Auditoría Superior de la Federación.
Dicha persona solicitó comunicarse con la entonces titular de la Tesorería Municipal, y al no encontrarla, pidió comunicarse con alguien más.
Durante la comunicación telefónica, el sujeto hizo creer falsamente a la oficial de Contabilidad de la Tesorería Municipal, que existía un convenio de adhesión pendiente de pagar, el cual generaría multas elevadas si no se realizaban pagos inmediatos, señalándole cantidades específicas y proporcionando constancia fiscal, formularios, registros y otros datos, con la finalidad de generar confianza y obtener un beneficio económico indebido.
Además, se proporcionaron cuentas bancarias para solicitar las transferencias correspondientes al supuesto pago del contrato de adhesión, entre ellas las del imputado Carlos Alberto V. L., en las que finalmente se hicieron depósitos por diversos montos que suman un total de 2 millones seis mil 16 pesos y 99 centavos.
En las próximas horas el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, en la que el Ministerio Público le informará los delitos que se le imputan.
***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
