Christian Daniel Rodriguez Ríos
El Poder Legislativo Estatal enviará al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de la Fiscalía General de la República, y a la Ley General de Educación, con el propósito de establecer convenios de colaboración entre los cuerpos de seguridad pública, con los planteles educativos para impartir talleres sobre prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad; en el mismo sentido, reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como a la Ley Estatal de Educación.
La diputada Nancy Frías Frías, integrante de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Educación, Cultura Física y Deporte, dijo que dichas reformas no vulneran el principio de autonomía de los centros escolares ni invaden las atribuciones pedagógicas de la Secretaría de Educación y Deporte.
Así mismo, señaló que la reforma está sustentada bajo un enfoque de corresponsabilidad voluntaria: el ingreso de los elementos de seguridad a los planteles estará estrictamente supeditado a la firma previa de convenios institucionales y a la solicitud de los directivos y comités de padres de familia.
Mencionó que los entornos escolares no son islas inmunes a la descomposición social. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revelan una alarmante brecha de desconfianza de la juventud hacia las policías, registrando niveles de confianza de apenas un 25.3% para las corporaciones municipales y un 27.8% para las estatales.
Aunado a esto, aludió, las métricas de la Secretaría de Educación Pública y UNICEF señalan que 7 de cada 10 estudiantes en el país han presenciado o vivido acoso escolar. Factores de riesgo como el sexting, la violencia familiar, las adicciones, el ciberdelito, el abuso sexual infantil y la captación por parte de grupos delictivos se han infiltrado en los planteles educativos. Ello obliga al Estado a intervenir de manera oportuna, antes de que las conductas antisociales escalen a la comisión de delitos.
Finalmente, reconoció que el Estado de Chihuahua se ha posicionado a la vanguardia nacional mediante la operación del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), adscrito a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Durante el ciclo escolar 2023-2024, este grupo impactó positivamente a 20 mil 188 personas, distribuidas en 16 mil 379 alumnos, 2 mil 095 docentes y 1,714 padres de familia, abarcando 137 planteles de diversas regiones del territorio estatal.
Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por los diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-Hasta 15 años de prisión por cohabitación forzada de menores de edad en Chihuahua; la pena se agravará cuando el delito sea cometido por padres, tutores o personas responsables de la guarda y custodia de la víctima.
