Christian Daniel Rodriguez Ríos
Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, exigió al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión frenar cualquier afectación a las pensiones de trabajadores jubilados de organismos públicos, empresas del Estado, entidades paraestatales, organismos descentralizados y fideicomisos públicos, quienes podrían ver reducidos sus ingresos por la aplicación de nuevas disposiciones constitucionales.
“Las pensiones no son regalos del gobierno, son el resultado de décadas de esfuerzo y sacrificio. Nadie tiene derecho a quitarles a los trabajadores lo que legítimamente se ganaron. Eso no es justicia social, es darle la espalda a quienes entregaron su vida al servicio de México”, expresó.
El legislador priista presentó una propuesta ante el Congreso de Chihuahua para exigir que se respeten las jubilaciones y pensiones otorgadas a trabajadores de estas instituciones antes de la reforma constitucional publicada el pasado 10 de abril, la cual estableció nuevos límites para determinados ingresos de servidores públicos y cuya aplicación a derechos previamente reconocidos ha generado preocupación entre miles de familias mexicanas.
Medina explicó que la posible afectación alcanzaría principalmente a personas que ya concluyeron su vida laboral y reciben una pensión conforme a las reglas vigentes cuando prestaron sus servicios en organismos públicos, empresas estatales, entidades paraestatales, organismos descentralizados o fideicomisos públicos. Por ello, advirtió que no debe aplicarse de manera retroactiva una disposición que reduzca ingresos reconocidos legalmente con anterioridad.
Señaló que resulta inadmisible que personas que cumplieron durante décadas con sus responsabilidades laborales tengan que enfrentar ahora la incertidumbre de perder parte de los ingresos con los que sostienen sus hogares, compran medicamentos y cubren sus necesidades más elementales.
“Es muy fácil hablar de justicia social desde una oficina, pero la verdadera justicia se demuestra respetando a quienes trabajaron toda su vida. No se puede construir un país más justo atropellando los derechos de sus trabajadores. ¡Con las pensiones de la gente no se juega!”, sentenció.
El diputado sostuvo que combatir los privilegios y cuidar los recursos públicos son responsabilidades del Estado, pero dejó claro que esas causas no pueden convertirse en pretextos para perjudicar a quienes obtuvieron legalmente su jubilación después de décadas de servicio.
Asimismo, recordó que organizaciones de jubilados y pensionados han reunido más de 200 mil registros de participación y respaldo en defensa de sus derechos, por lo que consideró inaceptable que sus demandas continúen sin una respuesta definitiva.
En ese sentido, exigió a las cámaras de Diputados y Senadores dejar de mantener detenidas las propuestas que buscan proteger las pensiones ya reconocidas, y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar los cambios necesarios para garantizar que ninguna persona jubilada de organismos públicos, empresas del Estado, entidades paraestatales, organismos descentralizados o fideicomisos públicos resulte perjudicada por la aplicación de nuevas disposiciones a derechos adquiridos con anterioridad.
“Los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de las decisiones del poder. El gobierno tiene la obligación de proteger a la gente, no de poner en riesgo el sustento de sus familias. Quienes construyeron este país merecen respeto, tranquilidad y una vejez digna”, afirmó.
