ASF investiga red de contratos por 8 mil 870 millones de pesos en el INE y los OPLEs

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Detectó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos ante la Cámara de Diputados. Lo hizo durante la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025. De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales. Otros 430 millones corresponden al INE, es decir, el 11.3% del total.

Los grupos, identificados como "GC" y "GHC", concentraron la mayor parte de los contratos. GC acumuló 6 mil 613.2 millones de pesos (74.6%) y GHC sumó 2 mil 257.1 millones (25.4%).

La ASF señaló que las empresas ganadoras de licitaciones subcontrataban a otras que habían participado en el mismo concurso y que pertenecían a los mismos grupos. Esto habría simulado competencia. Además, hay empresas que facturaron cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores registrados. En algunos casos no tenían ninguno.

También se identificaron operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas de timbrado de facturas. El SAT les revocó la certificación por vínculos con empresas factureras.

Entre los OPLEs con mayores montos están Veracruz (484.4 millones), Oaxaca (370.3 millones), Coahuila (306.3 millones), Puebla (286.6 millones) y Nuevo León (253.9 millones).

La investigación surge tras las revelaciones sobre presunto conflicto de interés entre la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. Esto derivó en la renuncia de Taddei y de al menos 15 integrantes de su grupo.

La ASF precisó que la indagatoria abarca a empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados. Las cifras corresponden a irregularidades bajo investigación, no a responsabilidades administrativas o penales ya determinadas.