Martin Contreras
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026.— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado "Plan B" de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra, sin abstenciones. El bloque oficialista integrado por Morena, PT y PVEM sumó el respaldo decisivo de Movimiento Ciudadano (MC), marcando una de las votaciones más contundentes del actual periodo legislativo.
La oposición —PRI y PAN— votó en bloque en contra, argumentando que la reforma centraliza el poder y afecta la autonomía de los municipios y organismos electorales.
El giro más llamativo de la noche fue el voto afirmativo de los legisladores de Movimiento Ciudadano, partido que en el Senado había votado en contra del mismo dictamen. En San Lázaro, la bancada emecista se sumó al bloque de Morena y sus aliados, lo que permitió alcanzar holgadamente la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. El movimiento desató cuestionamientos internos en el partido y será analizado en los próximos días por su dirigencia nacional.
La reforma modifica tres artículos constitucionales con impactos directos en municipios, congresos locales e instituciones electorales:
Artículo 115: Fija un máximo de 15 regidores en los ayuntamientos del país, reduciendo el número de cargos y el gasto operativo municipal
Artículo 116: Establece un tope presupuestal de 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad para los congresos locales, limitando su gasto
Artículo 134: Consejeros del INE, OPLES y magistrados de tribunales electorales no podrán ganar más que la Presidenta de la República; además contempla un recorte gradual de 15% al presupuesto del Senado
Para el gobierno federal, el Plan B representa un paso concreto en la política de austeridad republicana: menos privilegios para funcionarios electorales y legisladores locales, y mayor eficiencia en el gasto público. La presidenta Sheinbaum lo resumió como: "disminuir privilegios y fortalecer la decisión de la gente".
Para la oposición y organizaciones civiles, la reforma abre un debate sobre la independencia de los organismos electorales: al topar los salarios del INE y los OPLES al nivel del sueldo presidencial, critican que se podría comprometer la atracción de perfiles técnicos especializados. Con la aprobación en lo general, la reforma pasa ahora a la discusión en lo particular de las 60 reservas presentadas.
El dictamen fue previamente aprobado en comisiones unidas el 7 de abril, con 73 votos a favor y 60 en contra, y antes de eso había sido avalado en el Senado el 25 de marzo con 87 votos a favor y 41 en contra. Una vez concluida la discusión en lo particular en San Lázaro, la reforma regresará al Senado para la validación final antes de su promulgación.
