Martin Contreras
Chilapa, Guerrero. — 12 de mayo de 2026. En un desesperado llamado que evidencia el colapso de la seguridad en la región, mujeres indígenas desplazadas de la Montaña Baja de Guerrero grabaron un video dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando intervención internacional ante la brutal ofensiva del grupo criminal Los Ardillos.
La crisis estalló el 6 de mayo de 2026, cuando integrantes de Los Ardillos iniciaron una ofensiva armada contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa, utilizando fusiles de alto calibre y drones con explosivos, algunos de los cuales bombardearon zonas habitadas por más de 8 horas continuas.
La tarde-noche del lunes 11 y madrugada del martes 12, la violencia alcanzó niveles extremos con el hallazgo de diez cadáveres en dos puntos distintos del estado:
Cuatro cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, a las 4:00 de la madrugada
Seis cadáveres desmembrados fueron hallados dentro de costales en la carretera que conecta Olinalá con Temalacatzingo, en la región de la Montaña, cerca del crucero Lomas de Cocoyoc
El Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) señaló que algunos de los cuerpos podrían corresponder a integrantes de sus comunidades.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) reportó que el saldo acumulado de esta crisis es devastador: 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, 25 desaparecidos y más de 800 familias desplazadas por la fuerza. Entre lágrimas, mujeres indígenas relataron: "Mi mamá se despidió de mí porque los grupos armados ya vienen entrando".
Las comunidades acusan directamente al crimen organizado de operar bajo la protección de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y en complicidad con el Ejército Mexicano, ya que los criminales se han posicionado a escasa distancia de instalaciones militares sin que haya intervención alguna.
El llamado de auxilio al gobierno de Trump no debe leerse como un respaldo a la injerencia extranjera, señalan organizaciones indígenas, sino como "la señal más clara del agotamiento y la desesperación de comunidades que sienten que el Estado mexicano las ha abandonado".
Aunque las autoridades estatales reconocieron el desplazamiento forzado, solo aceptaron oficialmente el traslado de 70 familias, cifra que contrasta radicalmente con las más de 800 familias que según organizaciones civiles han huido de sus hogares bajo el fuego de Los Ardillos.
